La caridad ejercida con dinero ajeno

Me molesta lo fácilmente que se hace pasar por liebre ética el fatuo gato de la caridad ejercida con dinero ajeno. Puedo entender este malabarismo en el caso de las empresas privadas que intentan reforzar su cuenta de resultados haciendo de la solidaridad un complemento de su imagen de marca (ya he hablado aquí de la Responsabilidad Social Corporativa, RSC), pero me cuesta entender que los poderes públicos se empeñen en dedicar un tanto por cierto de sus presupuestos a causas tan supuestamente solidarias como evidentemente remotas (y por ello generalmente anónimas) y opacamente gestionadas. Pero esto es lo de menos: acepto que todas las causas que reciben ese dinero son justas, que sus receptores tienen nombres y apellidos y que su gestión es óptima. Esto no disminuye mi perplejidad. Ya sé que estoy hablando contra los signos de los tiempos, pero tampoco es que los signos de los tiempos me produzcan entusiasmos desmedidos.

Evidentemente no dudo de la buena fe de nadie. Concedo a los gestores de los intereses públicos toda la buena fe que quieran y, si quieren, hasta el doble, pero me parece que hay algo profundamente perverso en este ejercicio cada vez más extendido de disponer del dinero ajeno para hacer caridad pública. Que quede clara otra cosa: no tengo inconveniente en que aquellos a quienes les molesta el hermoso nombre de “caridad” pretendan travestirlo con la pompa y circunstancia de la solidaridad.

A lo que iba.

En primer lugar no parece que el recaudador de este dinero esté realizando un gesto ético, ya que su bolsillo no se resiente por su acción. Y en cuanto a la voluntad colectiva, no parece que sea un sujeto ético muy consistente. Lo evidente es que yo no tengo opción para decidir ser un bastardo egoísta a la hora de hacer mi declaración de hacienda, ni cuando pago mis impuestos municipales ni cuando cotizo una cuota de una institución que dedica un tanto por cierto de sus ingresos a ejercer la caridad con una parte de mi dinero.

Pero (y pásmese quien quiera) si no pudo optar por ser un bastardo egoísta, tampoco puedo optar por ser un generoso filántropo. Soy solidario sólo en la medida en que puedo ser insolidario. Nadie puede ser solidario por decreto.

Tiendo a pensar que la institucionalización del ejercicio público de la caridad con dinero ajeno además de aligerar penurias anónimas, descarga también la conciencia ciudadana, en la medida en que el ciudadano se siente exonerado de probar su valor humano ejerciendo la generosidad con quien le tiende la mano desamparada en mitad de la calle. La caridad que ya ejercen otros con mi dinero me autoriza a mirar desde lejos a mi conciudadano, sin resquemor, porque el deber de socorrer al indigente es una prerrogativa de los poderes públicos, que para eso recaudan mi involuntaria generosidad.

Frente a la demanda del indigente, el ciudadano no se plantea si quiere o no quiere ejercer su generosidad, sino que se enfada (¡ah, esa hipócrita indignación moral!) porque los gobiernos que lo representan no acaben de una vez con el deprimente espectáculo de la miseria.