Conservadurismo y cuestión social

Debate telemático en el Instituto Juan de Mariana con Miguel Ángel Quintana Paz. Hablamos sobre el conservadurismo. Nos hemos entendido bien porque nuestras posiciones son complementarias. He insistido en resaltar la dimensión social del conservadurismo, como bien ponen de maniofiesto los siguientes hechos:

 

El primer político que en España se plantea un “giro social” es Cánovas. A él se deben los primeros proyectos sobre descanso dominical y protección de mujeres y niños.

Las primeras leyes laborales son de Dato: La ley de accidentes laborales de 1900. Dato creó también el Ministerio de Trabajo (1920) y tuvo una intervención decisiva en la creación del Instituto Nacional de Previsión, que presidió entre 1909 y 1913. Fue también el inspirador de la ley que, tras su asesinato, presentó el Ministro de Trabajo, el navarro Eduardo Sanz Escartín, que permitía expropiar las tierras abandonadas o mal explotadas. 

Sanz Escartín, por cierto, es el autor de la trilogía La cuestión económica (1889), El Estado y la reforma social (1892) y El individuo y la reforma social (1896). 

En 1904 Severo Catalina publica La mujer. Apuntes para un libro, defendiendo la necesidad de la educación de la mujer. 

Cuando el maurista Augusto González Besada presentó un proyecto tributario sobre la renta que gravaba las fortunas que se hicieron durante la Primera Guerra Mundial, con el argumento de que habían sido posibles gracias a la neutralidad de España, hubo liberales que lo acusaron de estar imitando a Lenin, mientras que El Debate (18-10-1918) decía: “A nosotros nos parece bien”.  

Azcárate se lamentaba de que, tras los sucesos de 1909, Maura dejara la presidencia del gobierno, porque, según decía, “jamás” el Instituto de Reformas Sociales había estado tan asistido por gobierno alguno como lo estuvo durante el gobierno de Maura. Jamás -añadía- la inspección de trabajo había aplicado mejor su misión. Algún autor ha llegado incluso a calificar 1908 como “el año de oro de la legislación laboral en España.”

Maura creó la legislación electoral de la que vivió buena parte del siglo XX; acometió la reforma de la administración local; reprimió la usura y el pago de salarios en especie; aprobó la ley de huelgas defendiendo el derecho inalienable del obrero a su trabajo; suprimió la publicidad de las ejecuciones y los llamados “fondos de reptiles”.

Gil Robles proclámó en una alocución electoral radiada de 1933: “Las derechas, si son fieles a su doctrina, han de realizar una política intensamente obrerista, para las clases trabajadoras”. Este mismo año, en las Cortes, dijo: “Una sociedad que se llama civilizada, una sociedad que se llama cristiana, no puede ver con indiferencia que, según las estadísticas, hay en España 650.000 hombres que no tienen que comer. Para remediarlo, lo que sea necesario: seguros sociales, obras públicas, trabajos extraordinarios: lo que sea preciso, señor presidente. ¿Dinero? A buscarlo donde lo haya, con reformas fiscales todo lo avanzadas que sean menester, porque con el hambre de los hombres, de una vez hay que acabar”. 

Solé Turá, ponente constitucional que representaba al PCE-PSUC reconoció que él no se hubiese atrevido a proponer en la ponencia constitucional lo que Licinio de la Fuente - AP- propuso: el artículo 129.2: “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción".